ESCRIBE REBECA DIZ
HILDEBRANDT EN SUS TRECE. VIERNES 20 DE MAYO DE 2011
En 1990 Alberto Fujimori se presentó a las elecciones con un plan de gobierno de centro izquierda bajo el brazo. Muy poco después de salir elegido presidente, el chino le dio una patada al mamotreto que le habían redactado y, sin remordimiento alguno, ejecutó un plan estrictamente opuesto a lo prometido. Su heredera, Keiko Fujimori, ha sido más hábil y ha optado, simplemente, por no dar explicaciones: el plan de gobierno de Fuerza 2011 tiene 58 páginas, portada incluida. Un texto plagado de lugares comunes difícilmente refutables. ¿Quién no va a apoyar la lucha contra el hambre, las reformas laborales, el combate contra la corrupción, o una mejora en materia de seguridad ciudadana? El problema no es el qué, sino el cómo se hará y cómo se fínanciará. Es decir, exactamente lo que se ha omitido decir en el plan de gobierno de Fuerza 2011.
El texto menciona explícitamente, en 21 ocasiones, que el gobierno de Alberto Fujimori será el modelo a seguir, una idea que la candidata ha reiterado en varias oportunidades asegurando que su padre fue "el mejor presidente que ha tenido este pais". La propia K. Fujimori apuntaló esta premisa rodeándose del mismo cuadro técnico que acompañó a su padre durante su gobierno: Hernando de Soto, Jaime Yoshiyama, Marco Miyashiro, Fernán Altuve, Jorge Trelles y un largo etcétera de técnicos y políticos que trabajaron por y para el ex presidente. Ante estos hechos es evidente que la lideresa de Fuerza 2011 pretende ejecutar un remake político de la década de los '90. Veamos pues, ciñéndonos exclusivamente al ámbito político y técnico, qué dice el plan de gobierno actual y cuáles fueron las políticas aplicadas durante el shogunato desu padre.
Empecemos por uno de los temas que más preocupan a los votantes: la seguridad ciudadana. Este es el segundo capítulo más extenso del plan de gobierno fujimorista: seis hojas y media, El enunciado, ubicado en la página 34, dice textualmente: "Seguridad ciudadana para todos los peruanos". Derrotaremos nuevamente la delincuencia y el narcoterrorismo para dar a todos los peruanos un Perú seguro y sin violencia". Más allá de que el redactor del texto obvia el brote de violencia delictiva que sacudió el país durante 1995, 1996 Y 1997 y que nos infligieron las bandas Los Injertos del Fundo Oquendo o Los Malditos de Santa Luzmila, es importante recordar que fue Alberto Fujimori quien ordenó cerrar las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Al respecto, el general (r) Remigio Hernani recuerda:
"Dos años sin una sola promoción de suboficiales fueron devastadores", Y continúa: "Pero si hubo una ley en el Perú que fulminó la dignidad del policía, esa la dio Alberto Fujimori. Durante su qobierno salió la Ley 24 x 24, que permitió, para compensar el sueldo miserable que recibían los policías, trabajar para el sector privado en su dia de franco, ¿Dónde se ha visto -se pregunta el ex ministro del interior- que la policía, para subsistir, esté obligada a cachuelearse en la puerta de un supermercado, en la puerta de un banco, recibiendo propinas como si fueran cuidadores de carros?" Con indignación, el general de la policía continúa: "Ni les interesó en los noventa ni les interesa ahora; si no, ¿qué explicación tiene que Marco Miyashiro esté en sus filas? Ese hombre fue el encargado de custodiar los vladi-videos (muchos de ellos desaparecidos) que Fujimori (con una orden de allanamiento falsa) sacó de la casa de Vladimiro Montesinos" -termina diciendo el general.
Al más que poco confiable Marco Miyashiro se suma ahora el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Más allá de la imposibilidad de aplicar en Lima un plan basado en la experiencia neoyorkina, el hecho cierto es que los excesos represivos aplicados por el mediático Giuliani terminaron con la vida de varios ciudadanos inocentes. El caso más famoso fue el del ciudadano guineano Arnadou Diallo, que murió de diecinueve balazos disparados por la policía. La explicación oficial de aquel crimen fue: "Creímos que estaba armado", Nos preguntamos si Keiko Fujimori intercambiará opiniones sobre los "excesos" del grupo Colina con su flamante asesor.
La nota irónica sobre seguridad ciudadana llega en la página 40 del plan, donde leemos: "máximo control tecnológico en cárceles: ingresos y salidos de personas y comunicaciones". Nos preguntamos si esos controles serán los mismos que en la actualidad se aplican en la DIROES al interno Alberto Fuiimori o serán los que durante la década de los '90 se emplearon en la prisión de Yanamayo.
Si en materia de seguridad ciudadana el texto tiene más sombras que luces, en materia de narcotráfico la cosa es peor. Hay una sola y breve referencia: "nuevamente lucharemos contra el narcoterrorismo". La levedad del plan de gobierno respecto de la lucha contra el narcotráfico podría compensarse con un epílogo redactado por Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano y firmado por su compinche Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujirnori durante una década.
Sin lugar a dudas, la segunda gran preocupación de la ciudadanía apunta directamente al trabajo. ¿Qué nos promete Fuerza 2011 en materia laboral? Sus tres promesas principales son: "Flexibilizar el empleo", "Creación de la Superintendencia de Inspección Laboral" y "Empezando a trabajar". Las tres promesas son importantes, afirma el abogado laboralista Jorge Toyama. "El Perú necesita una reforma laboral que flexibilice los marcos legales de contratación", dice. El problema no son las promesas, sino, nuevamente, lo que Fuerza 2011 omite decir, o sea cómo se hará la reforma. Toyama dice: "Ya sabemos, por la experiencia de la década de 1990, que si dejamos solo al empresario esta medida no va a servir de nada. La Organización Intenacional de Trabajadores calificó de feroz lo ocurrido en los noventa. Más aun porque lo que se perseguía: la formalización, nunca llegó", En la actualidad, uno de cada cuatro trabajadores es formal. "Es imprescindible -dice Toyarna- que las negociaciones sean colectivas". Nosotros nos preguntamos cómo va a haber negociaciones colectivas si, precisamente, fue el gobierno de Alberto Fujimori quien dio el tiro de gracia a los sindicatos, ¿y qué dice K. Fujimori, heredera política del ex presidente, sobre el derecho a la sindicalización? Nada, ni una línea. Si los trabajadores no tienen derecho a reclamar, para qué sirve una Superintendencia de Inspecciones Laborales?
¿y de los jóvenes? Bueno, de los jóvenes si se acuerda en una breve pincelada: "Empezando a trabajar" (página 45), Cinco lineas donde promete financiamiento para los alumnos destacados de las universidades. La condición es "que apoyen a gobiernos municipales de escasos recursos". Habría que recordar cómo es que "el mejor gobierno que ha tenido el Perú" ahogó política y presupuestalmente a las universidades públicas, cómo estimuló el crecimiento salvaje de universidades e institutos privados y cómo en aquella década abolió cualquier derecho laboral que pudiera asistir precisamente a los más jóvenes.
El tema al que Fuerza 2011 dedica más páginas es el del desarrollo social: un total de diecinueve páginas, sin lugar a dudas el pilar central de su trama asistencialista. No debemos perder de vista que estos programas, en la década de los '90, fueron dirigidos personalmente por Alberto Fujimori, utilizando para ello la Casa Militar y FONCODES (Fondo de Compensación de Desarrollo) con la única finalidad de fomentar el clientelismo y la adhesión partidaria en los segmentos económicos más desfavorecidos. Teniendo en cuenta este pasado, llama a la suspicacia que K. Fujimori hable en su plan de gobierno de "recuperar la experiencia de FONCODES". No podemos olvidar que esta institución trabajó mano a mano con las oenegés KEN-AKEN, y APENKAI, desde donde se desviaron millones de dólares cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. No podemos dejar de preguntarnos, ante la aparición en escena de otros colaboradores de Alberto Fujimori, si la hija del dictador sacará de la refrigeradora a Mario Bacigalupo, ex gerente del FONCODES y directivo de KEN-AKEN. Quizá incluso se anime a traer al país al prófugo Augusto Miyagusuku, cómplice en todos los apaños y latrocinios cometidos en el Fondo de Compensación y Desarrollo.
Si hasta ahora el plan de gobierno en cuestión genera más dudas que certezas, en materia de educación la cosa no mejora en absoluto. A la fecha nadie puede dudar de que la década de los '90 fue arrasadora en materia educativa: los maestros sindicalizados fueron tachados de terroristas sistemáticamente, y para fines de 2000, el sueldo del profesorado se habla devaluado un 52%.
A la persecución de los maestros se sumó la desaparición del Ministerio de Educación como institución encargada de inspeccionar y evaluar la calidad educativa. En 1996 se promulgaron las leyes que, por primera vez en la historia del Perú, consideran a la educación como una inversión cualquiera. Estas medidas llevaron a que se montaran colegios como si se tratara de bodegas de abarrotes y a que se levantaran universidades como si se tratara de centros comerciales. La estocada final llegó cuando se dio licencia para que se reprodujeran hasta la saciedad los institutos de formación pedagógica, de donde salieron miles de profesores sin la mínima preparación. ¿Qué dice el nuevo programa sobre la indispensable reforma educativa? Que a los niños se les dará desayuno, almuerzo, zapatillas y buzos gratis, ¿Algún mea culpa sobre la precariedad de la educación? La respuesta es contundente: no.
A todas las omisiones del plan de gobierno fujimorista se suman los silencios sobre derechos humanos, la insinuada la posibilidad de privatizar el manejo del agua, o las ambigüedades y pobreza gramatical de frases como esta: "( .. .) Sierra Productiva que ha tenido un éxito rotundo y al que daremos recursos y el más absoluto respaldo gubernamental" (página 52), omitiendo decir que, realmente, Sierra Productiva es una iniciativa privada que surgió en la década de los '90 precisamente para enfrentar la devastadora política agraria de Alberto Fujimori. Fue creada por un decidido grupo de agricultores cusqueños ante la desaparición del Banco Agrario y solo se desarrolla en el ámbito del Cusco.
HILDEBRANDT EN SUS TRECE. VIERNES 20 DE MAYO DE 2011
En 1990 Alberto Fujimori se presentó a las elecciones con un plan de gobierno de centro izquierda bajo el brazo. Muy poco después de salir elegido presidente, el chino le dio una patada al mamotreto que le habían redactado y, sin remordimiento alguno, ejecutó un plan estrictamente opuesto a lo prometido. Su heredera, Keiko Fujimori, ha sido más hábil y ha optado, simplemente, por no dar explicaciones: el plan de gobierno de Fuerza 2011 tiene 58 páginas, portada incluida. Un texto plagado de lugares comunes difícilmente refutables. ¿Quién no va a apoyar la lucha contra el hambre, las reformas laborales, el combate contra la corrupción, o una mejora en materia de seguridad ciudadana? El problema no es el qué, sino el cómo se hará y cómo se fínanciará. Es decir, exactamente lo que se ha omitido decir en el plan de gobierno de Fuerza 2011.
El texto menciona explícitamente, en 21 ocasiones, que el gobierno de Alberto Fujimori será el modelo a seguir, una idea que la candidata ha reiterado en varias oportunidades asegurando que su padre fue "el mejor presidente que ha tenido este pais". La propia K. Fujimori apuntaló esta premisa rodeándose del mismo cuadro técnico que acompañó a su padre durante su gobierno: Hernando de Soto, Jaime Yoshiyama, Marco Miyashiro, Fernán Altuve, Jorge Trelles y un largo etcétera de técnicos y políticos que trabajaron por y para el ex presidente. Ante estos hechos es evidente que la lideresa de Fuerza 2011 pretende ejecutar un remake político de la década de los '90. Veamos pues, ciñéndonos exclusivamente al ámbito político y técnico, qué dice el plan de gobierno actual y cuáles fueron las políticas aplicadas durante el shogunato desu padre.
Empecemos por uno de los temas que más preocupan a los votantes: la seguridad ciudadana. Este es el segundo capítulo más extenso del plan de gobierno fujimorista: seis hojas y media, El enunciado, ubicado en la página 34, dice textualmente: "Seguridad ciudadana para todos los peruanos". Derrotaremos nuevamente la delincuencia y el narcoterrorismo para dar a todos los peruanos un Perú seguro y sin violencia". Más allá de que el redactor del texto obvia el brote de violencia delictiva que sacudió el país durante 1995, 1996 Y 1997 y que nos infligieron las bandas Los Injertos del Fundo Oquendo o Los Malditos de Santa Luzmila, es importante recordar que fue Alberto Fujimori quien ordenó cerrar las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Al respecto, el general (r) Remigio Hernani recuerda:
"Dos años sin una sola promoción de suboficiales fueron devastadores", Y continúa: "Pero si hubo una ley en el Perú que fulminó la dignidad del policía, esa la dio Alberto Fujimori. Durante su qobierno salió la Ley 24 x 24, que permitió, para compensar el sueldo miserable que recibían los policías, trabajar para el sector privado en su dia de franco, ¿Dónde se ha visto -se pregunta el ex ministro del interior- que la policía, para subsistir, esté obligada a cachuelearse en la puerta de un supermercado, en la puerta de un banco, recibiendo propinas como si fueran cuidadores de carros?" Con indignación, el general de la policía continúa: "Ni les interesó en los noventa ni les interesa ahora; si no, ¿qué explicación tiene que Marco Miyashiro esté en sus filas? Ese hombre fue el encargado de custodiar los vladi-videos (muchos de ellos desaparecidos) que Fujimori (con una orden de allanamiento falsa) sacó de la casa de Vladimiro Montesinos" -termina diciendo el general.
Al más que poco confiable Marco Miyashiro se suma ahora el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Más allá de la imposibilidad de aplicar en Lima un plan basado en la experiencia neoyorkina, el hecho cierto es que los excesos represivos aplicados por el mediático Giuliani terminaron con la vida de varios ciudadanos inocentes. El caso más famoso fue el del ciudadano guineano Arnadou Diallo, que murió de diecinueve balazos disparados por la policía. La explicación oficial de aquel crimen fue: "Creímos que estaba armado", Nos preguntamos si Keiko Fujimori intercambiará opiniones sobre los "excesos" del grupo Colina con su flamante asesor.
La nota irónica sobre seguridad ciudadana llega en la página 40 del plan, donde leemos: "máximo control tecnológico en cárceles: ingresos y salidos de personas y comunicaciones". Nos preguntamos si esos controles serán los mismos que en la actualidad se aplican en la DIROES al interno Alberto Fuiimori o serán los que durante la década de los '90 se emplearon en la prisión de Yanamayo.
Si en materia de seguridad ciudadana el texto tiene más sombras que luces, en materia de narcotráfico la cosa es peor. Hay una sola y breve referencia: "nuevamente lucharemos contra el narcoterrorismo". La levedad del plan de gobierno respecto de la lucha contra el narcotráfico podría compensarse con un epílogo redactado por Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano y firmado por su compinche Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujirnori durante una década.
Sin lugar a dudas, la segunda gran preocupación de la ciudadanía apunta directamente al trabajo. ¿Qué nos promete Fuerza 2011 en materia laboral? Sus tres promesas principales son: "Flexibilizar el empleo", "Creación de la Superintendencia de Inspección Laboral" y "Empezando a trabajar". Las tres promesas son importantes, afirma el abogado laboralista Jorge Toyama. "El Perú necesita una reforma laboral que flexibilice los marcos legales de contratación", dice. El problema no son las promesas, sino, nuevamente, lo que Fuerza 2011 omite decir, o sea cómo se hará la reforma. Toyama dice: "Ya sabemos, por la experiencia de la década de 1990, que si dejamos solo al empresario esta medida no va a servir de nada. La Organización Intenacional de Trabajadores calificó de feroz lo ocurrido en los noventa. Más aun porque lo que se perseguía: la formalización, nunca llegó", En la actualidad, uno de cada cuatro trabajadores es formal. "Es imprescindible -dice Toyarna- que las negociaciones sean colectivas". Nosotros nos preguntamos cómo va a haber negociaciones colectivas si, precisamente, fue el gobierno de Alberto Fujimori quien dio el tiro de gracia a los sindicatos, ¿y qué dice K. Fujimori, heredera política del ex presidente, sobre el derecho a la sindicalización? Nada, ni una línea. Si los trabajadores no tienen derecho a reclamar, para qué sirve una Superintendencia de Inspecciones Laborales?
¿y de los jóvenes? Bueno, de los jóvenes si se acuerda en una breve pincelada: "Empezando a trabajar" (página 45), Cinco lineas donde promete financiamiento para los alumnos destacados de las universidades. La condición es "que apoyen a gobiernos municipales de escasos recursos". Habría que recordar cómo es que "el mejor gobierno que ha tenido el Perú" ahogó política y presupuestalmente a las universidades públicas, cómo estimuló el crecimiento salvaje de universidades e institutos privados y cómo en aquella década abolió cualquier derecho laboral que pudiera asistir precisamente a los más jóvenes.
El tema al que Fuerza 2011 dedica más páginas es el del desarrollo social: un total de diecinueve páginas, sin lugar a dudas el pilar central de su trama asistencialista. No debemos perder de vista que estos programas, en la década de los '90, fueron dirigidos personalmente por Alberto Fujimori, utilizando para ello la Casa Militar y FONCODES (Fondo de Compensación de Desarrollo) con la única finalidad de fomentar el clientelismo y la adhesión partidaria en los segmentos económicos más desfavorecidos. Teniendo en cuenta este pasado, llama a la suspicacia que K. Fujimori hable en su plan de gobierno de "recuperar la experiencia de FONCODES". No podemos olvidar que esta institución trabajó mano a mano con las oenegés KEN-AKEN, y APENKAI, desde donde se desviaron millones de dólares cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. No podemos dejar de preguntarnos, ante la aparición en escena de otros colaboradores de Alberto Fujimori, si la hija del dictador sacará de la refrigeradora a Mario Bacigalupo, ex gerente del FONCODES y directivo de KEN-AKEN. Quizá incluso se anime a traer al país al prófugo Augusto Miyagusuku, cómplice en todos los apaños y latrocinios cometidos en el Fondo de Compensación y Desarrollo.
Si hasta ahora el plan de gobierno en cuestión genera más dudas que certezas, en materia de educación la cosa no mejora en absoluto. A la fecha nadie puede dudar de que la década de los '90 fue arrasadora en materia educativa: los maestros sindicalizados fueron tachados de terroristas sistemáticamente, y para fines de 2000, el sueldo del profesorado se habla devaluado un 52%.
A la persecución de los maestros se sumó la desaparición del Ministerio de Educación como institución encargada de inspeccionar y evaluar la calidad educativa. En 1996 se promulgaron las leyes que, por primera vez en la historia del Perú, consideran a la educación como una inversión cualquiera. Estas medidas llevaron a que se montaran colegios como si se tratara de bodegas de abarrotes y a que se levantaran universidades como si se tratara de centros comerciales. La estocada final llegó cuando se dio licencia para que se reprodujeran hasta la saciedad los institutos de formación pedagógica, de donde salieron miles de profesores sin la mínima preparación. ¿Qué dice el nuevo programa sobre la indispensable reforma educativa? Que a los niños se les dará desayuno, almuerzo, zapatillas y buzos gratis, ¿Algún mea culpa sobre la precariedad de la educación? La respuesta es contundente: no.
A todas las omisiones del plan de gobierno fujimorista se suman los silencios sobre derechos humanos, la insinuada la posibilidad de privatizar el manejo del agua, o las ambigüedades y pobreza gramatical de frases como esta: "( .. .) Sierra Productiva que ha tenido un éxito rotundo y al que daremos recursos y el más absoluto respaldo gubernamental" (página 52), omitiendo decir que, realmente, Sierra Productiva es una iniciativa privada que surgió en la década de los '90 precisamente para enfrentar la devastadora política agraria de Alberto Fujimori. Fue creada por un decidido grupo de agricultores cusqueños ante la desaparición del Banco Agrario y solo se desarrolla en el ámbito del Cusco.
Pero esta facilidad fujimorista para acomodar una realidad a sus necesidades tiene otros ejemplos en el plan de marras: en la página 30, un capítulo de página y media, dedicado a la lucha anticorrupción, dice: "La transparencia de la gestión pública será fortalecida, dando cumplimiento a la obligatoriedad de publicar las agendas de los altos funcionarios", ¿Quiere esto decir que la próxima vez que la congresista fujimorista Cecilia Chacón se reúna con los magnates de la minería los ciudadanos estaremos enterados? Lineas más abajo, y para cerrar el capítulo de la corrupción, se señala, con la indigencia de lenguaje habitual: "Estableceremos un sistema de información financiera de los funcionarios públicos, de manera que el Estado pueda dar seguimiento a la información patrimonial y financiera declarada por los funcionarios públicos", ¿Por qué debemos creerle si hace diez años Keiko Fujimori dio su palabra de entregar su secreto bancario al Ministerio Público y hasta la fecha no ha cumplido? En resumen, el plan de la señora K, Fujimori es un homenaje a las generalidades, las imprecisiones y el más chusco cinismo.
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